El
martes por la tarde, un mes después de la consulta
sobre la independencia de Cataluña, en la que a pesar de la prohibición y
las amenazas del gobierno del Sr. Rajoy con tanquetas incluidas, participaron 2.318.725
personas, 13.573 de la cuales fueron en los 19 ciudades del extranjero donde se
pudo votar, y, tras el recuento final a
los 15 días de prórroga para los habitantes en dicho territorio, en que votaron
26.103 personas, recordemos que el SÍ -
SÍ ganó por una amplísima mayoría del 80,91%
(1.897.274 votos), frente a un 10,02%
(232.848 votos) del Sí – No, o sea, que sea un Estado pero dentro de
España, y un 4,49% a favor del No
(105.245 votos), con un total de 2.344.828 participantes sobre un censo de
5.318.296 personas, la Dra.
Montserrat Galí pronunció en Puebla
la conferencia “El proceso
independentista: situación y perspectivas”.
En la
misma recordó que las identidades son sentidas, y las tres guerras
que han marcado el enfrentamiento entre
Cataluña y España y la pérdida y sometimiento de nuestra nación, cuyo Parlament se remonta al 1358 y era más democrático
que el inglés, al estado centralista español: la de los Segadores, que terminó
en 1640 con la cesión de los condados de Rosellón y Cerdaña, lo que hoy conocemos
como Catalunya Nord, en Francia, mientras
Portugal ganaba su independencia; la de
Sucesión, que acabó el 11 de
septiembre de 1714 con la toma de
Barcelona y el Decreto de Nueva
Planta que prohibía su lengua y derechos históricos; y la Guerra Civil de 1936 a 1939, con la
subsiguiente Dictadura del general
Franco, como antecedentes históricos a tener en cuenta, pero que el proceso
independentista actual en realidad empezó en 2006, y está originado en gran parte por una crisis constitucional (un
70% de los votantes actuales no la votó), la corrupción y la crisis europea y
española.
En aquel
año la reforma del Estatuto de Autonomía
de 1979, que había sido aprobado por el Parlament,
y en Referéndum por el pueblo catalán, e incluso por el Rey, recibió siete
recursos de inconstitucionalidad. El Partido
Popular recurrió contra 187 artículos y disposiciones transitorias, e incluso el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica (militante del PSOE), contra 112 artículos y cuatro
disposiciones transitorias. Finalmente el Tribunal
Constitucional dictó sentencia el 9 de julio de 2010, en la que dejó clara
la "ineficacia jurídica" del Preámbulo (en referencia al término
nación para referir-se a Catalunya) a pesar de que el veredicto mantiene la
definición de Catalunya como nación,
declaró 14 artículos inconstitucionales (1 totalmente y 13 parcialmente), y reinterpretó 27 más.
Todo
esto llevó a un cuestionamiento de dichas instituciones y de la misma Constitución de 1978, que ya en 2006 el
entonces presidente de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya)
Josep Lluís Carod Rovira, de padres
aragoneses, proclamara que era
independentista, y que el 10 de julio de 2010 se realizara una manifestación en
Barcelona contra dicha sentencia, convocada por la Generalitat de Catalunya, con el lema “Sóm una nació. Nosaltres decidim” (“Somos una nación. Nosotros
decidimos”) promovido por Òmnium
Cultural, y apoyada por
todos
los partidos del Parlament menos el
PPC y Ciudadanos, así como también de los sindicatos y cerca de 1.600 entidades,
que reunió 1 millón y medio de personas, con la reivindicación predominante de
la independencia de Cataluña, y en 5 meses 110 municipios se declararon moralmente
excluidos de la Constitución.
Otro de
los motivos que fue encendiendo los ánimos fue el conflicto por el retorno de
los llamados “Papeles de Salamanca”,
300.000 documentos de la Guerra Civil, que el propio gobierno español reconoció
que eren un “botín de guerra”.
El 25 de
julio de 2012 el Parlamento de Cataluña aprueba el denominado «pacto fiscal» —un texto que proponía
que Cataluña se dotara de un sistema fiscal nuevo con semejanzas al concierto
económico que regula la relación tributaria entre la Administración General del
Estado de España y la comunidad autónoma del País Vasco— con el apoyo a la
totalidad de CiU, ICV-EUiA y ERC y la abstención del PSC.
El 20 de
septiembre de 2012 Artur Mas,
presidente de la Generalidad de Cataluña se reunió con Mariano Rajoy, que respondió que no había margen para negociar la
propuesta de pacto fiscal. Artur Mas
señalo que Cataluña deberá realizar una profunda reflexión y a tomar
decisiones, ya que el «pacto fiscal» se veía como la última posibilidad de
entendimiento entre Cataluña y el resto de España.
Esto
llevó al Parlamento de Cataluña, que
había sido elegido el año anterior por 3.657.753 votantes de 5.257.351
electores, con un 62% a favor la de la Independencia, a hacer una Declaración de Soberanía, con 85 votos a favor, 41 en contra y 2
abstenciones a favor del proceso a decidir, y al gobierno catalán presidido por
Artur Mas a convocar un Referéndum, para el 9N, fecha en que se
cumplían 25 años de la caída del muro de Berlín, con dos preguntas: «¿Quiere que
Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea
independiente?», que de
acuerdo con el Artículo 150.2 de la Constitución el gobierno español puede
autorizar.
El 23 de
enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó con 85 votos a favor, 41 en
contra, 2 abstenciones y 5 diputados que se negaron a votar la
"Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de
Cataluña", manifestando que:
De
acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del
pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda hacer efectivo el
ejercicio del derecho a decidir, para que los ciudadanos de Cataluña puedan
decidir su futuro político colectivo de acuerdo con los principios siguientes:
Los principios recogidos en el texto son los de
legitimidad democrática, transparencia, diálogo, cohesión social, europeísmo,
legalidad, papel principal del Parlamento y participación, todos ellos
precedidos y legitimados por el de soberanía que se reafirma diciendo que «el
pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de
sujeto político y jurídico soberano».
El 8 de
mayo de 2013 el Tribunal Constitucional
suspendió esta declaración cautelarmente al admitir a trámite la impugnación
presentada por la Abogacía del Estado, que la consideró «un acto de poder
constituyente» y «un desafío abierto contra la Constitución».
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Las Asambleas Exteriores de la ANC organizaron en un centenar de ciudades de todo el mundo cadenas humanas como la Via Catalana, que el 11 de Septiembre de 2013 llenó de gente los 400 km de la antigua Via Augusta de N a S del principado, con más de 80.000 personas.
El 25 de marzo de 2014 el Tribunal Constitucional dictaminó finalmente que esta declaración de soberanía era "inconstitucional y nula", y por tanto no amparaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No obstante el gobierno de la Generalidad minimizó el impacto de la sentencia.
El 25 de marzo de 2014 el Tribunal Constitucional dictaminó finalmente que esta declaración de soberanía era "inconstitucional y nula", y por tanto no amparaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No obstante el gobierno de la Generalidad minimizó el impacto de la sentencia.
El 11 de septiembre de 2014 la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium
Cultural organizaron una concentración que se realizó en la Gran Vía y
avenida Diagonal de Barcelona, bajo el lema «Ahora es la Hora, unidos por un país nuevo», formando los
concentrados una «V» que simbolizaba
las palabras «voluntad, votar y victoria». Fue precedida por más de un centenar
de “V” en los cinco continentes. La guardia urbana cifró la asistencia en 1 800 000 personas.
La Asamblea Nacional Catalana,
conjuntamente con la Asociación de
Municipios por la Independencia, presentó el 15 de septiembre al Parlamento
de Cataluña 750.000 firmas en favor de que el Parlamento declare la
independencia si no se puede celebrar la consulta el 9 de noviembre. La campaña se fundamenta, según sus
organizadores, en reclamar la independencia a través del derecho de petición,
recogido en la legislación autonómica y estatal. El 96,2 % de los 947
ayuntamientos catalanes aprobó mociones de apoyo a la consulta soberanista del
9 de noviembre, lo que representa el 88 % de la población. Este elevado
porcentaje es, en parte, debido a la indisciplina de voto de los miembros del
PSC que participaron en las mociones.
Pero el
presidente del gobierno español Mariano
Rajoy se negó rotundamente, a diferencia del británico David Cameron con el de Escocia,
y lo impugnó el Tribunal Constitucional,
viéndose forzado a promover en el Parlament una Ley de Consultas que
permitiera lo que se conoció como Nou9N (Nuevo 9N), que también fue
prohibido e inculpado el President Artur
Mas junto con las conselleras de Presidencia Joana Ortega y de Educación
Irene Rigau, por prestar las escuelas e institutos para poder realizar la
consulta.
Fue por
tanto un gran acto de desobediencia civil, posible gracias a la participación
de más de 4.000 voluntarios, en el que la población catalana que pudo votar ejerció
la soberanía y perdió el temor, ya que muchos tuvimos que desplazarnos muy
lejos y durante muchas horas, demostrando de forma cívica como en todas los
actos y manifestaciones que lo precedieron, nuestra voluntad de ser un nuevo
estado de Europa y del mundo. Lo pudieron testimoniar 500 personalidades
acreditadas, 120 del extranjero, y el doble de periodistas que en el referéndum
de Escocia.
Tuvieron
y siguen teniendo en todo este proceso un papel muy destacado tres mujeres, Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural, Carme Forcadell, presidenta de la ANC, y Teresa Forcades,
una monja cisterciense que sin tapujos de ninguna clase empujan al President de la Generalitat de
Cataluña Artur Mas y al de ERC Oriol Junqueras, quien el día 25 de
noviembre y el 2 de diciembre presentaron sus respectivas Hojas de Ruta, y ahora están negociando con los demás partidos, patronales,
sindicatos y asociaciones, que contemplan unas elecciones plebiscitarias para
el primer trimestre del 2015 con una
lista única sin siglas de partidos y con las personas reconocidas de la sociedad
civil o varias listas pero bajo el mismo paraguas de la Independencia como objetivo principal, que en el plazo de un año y
medio tienen que abrir el proceso participativo para elaborar una Constitución Catalana, que en parte ya
se ha ido esbozando estos últimos meses, y las estructuras de estado de la República Catalana y negociar su
reconocimiento por parte del Estado Español y la Comunidad Europea y organismos
internacionales, para poder realizar a finales del 2016 unas nuevas elecciones
constituyentes, ya con partidos y un referéndum definitivo.
La
viabilidad de Cataluña como Estado independiente es posible, han asegurado
economistas de prestigio como Xavier Sala-Martín
o Alfons Duran-Pich, gracias a su economía
equilibrada y avanzada, que le permite exportar toda clase de bienes y
servicios, y a pesar de la deuda que tendrá que negociar con España, puede
tirar adelante sin la carga que le supone estar en ella.
©Joan B. Fort Olivella
Atlixco, 11 de diciembre de 2014.
